El pasado 10 de febrero se hizo público que el Consejo de la Unión y el Parlamento Europeo habían alcanzado un acuerdo sobre las nuevas reglas de disciplina fiscal, aplicables a los estados miembros de la Unión Europea. Aunque hasta ahora no ha trascendido el contenido concreto del acuerdo, se han dado a conocer algunas de sus líneas básicas (y, evidentemente, se conoce con detalle la propuesta inicial de la Comisión, de abril de 2023, que ha servido de base para la negociación).

Las reglas anteriores quedaron en suspenso a principios de 2020, al declararse la pandemia, para permitir que los gobiernos pudieran destinar el gasto público necesario para hacer frente a la situación de emergencia, sin verse limitados por las restrictivas condiciones que imponían aquellas reglas en términos de déficit público. Este hecho es importante, porque denotaba un cambio de ciento ochenta grados respecto a cómo las instituciones comunitarias abordaban esta crisis en comparación con cómo lo hicieron en la gran crisis financiera de poco más de diez años antes. En aquel momento, se impuso la ortodoxia presupuestaria más estricta, la política de austeridad y de déficit cero, lo que llevó a un serio empeoramiento de la situación. Ahora, en cambio, en 2020, probablemente aprendiendo de la experiencia, se optó por utilizar el gasto público que fuese necesario para hacer frente a la recesión. Y los resultados han demostrado la acierto de hacer las cosas de esta manera.

Este hecho, junto con las numerosas críticas que habían recibido desde todos los frentes las reglas fiscales anteriores, hacían pensar que en el momento de cerrar el paréntesis de la suspensión, las nuevas reglas fiscales significarían un cambio radical respecto a la situación anterior. Es decir, que serían mucho más flexibles a la hora de poner límites al déficit público, teniendo en cuenta la situación cíclica de cada país y la necesidad de mantener los niveles de inversión pública convenientes (sobre todo, para facilitar la transición energética y hacer frente al cambio climático). La propuesta inicial de la Comisión, que daba pasos en esta dirección, ha sido objeto de fuertes discusiones en el seno del Ecofin (el consejo de ministros de finanzas), donde una vez más se han evidenciado las grandes diferencias entre los países llamados ‘frugales’, encabezados por Alemania, por un lado, y Francia, España, Italia y otros, por otro. Una vez alcanzado un acuerdo en el Consejo a finales de diciembre, ha habido negociaciones con el Parlamento Europeo y el 10 de febrero se ha logrado el acuerdo definitivo.

No ha sido publicado, pero se conocen los puntos básicos. El resultado debe calificarse de agridulce. La Unión Europea ha dado algunos pasos en la buena dirección (en la adaptación de los objetivos a la situación de cada país, el establecimiento de mecanismos graduales, etc.), pero, una vez más, los resultados son decepcionantes si los comparamos con la ambición que debería existir. No se prevén mecanismos de estabilización (la tan reclamada ‘capacidad fiscal’), que permitan hacer frente a las fases desfavorables del ciclo económico, ni se ha dejado el margen suficiente para favorecer la inversión pública, sin que computen para el déficit público. La Unión Europea deberá continuar enfrentándose a las necesidades de sus ciudadanos y a los grandes retos que tenemos por delante (comenzando por la lucha contra el cambio climático) con una mano atada a la espalda. En definitiva, pequeños remedios para hacer frente a grandes problemas.

En el trasfondo de toda esta situación, hay, no hace falta decirlo, la dificultad para avanzar realmente hacia una auténtica integración política que, en el ámbito del que hablamos, querría decir hacia una unión fiscal de verdad. La unión fiscal no consiste en establecer una disciplina férrea aplicable a todos los estados miembros en materia presupuestaria y de déficit público. Una unión fiscal quiere decir tres cosas: un gobierno europeo con un presupuesto digno de tal nombre (es decir, con la dimensión apropiada para proveer los bienes públicos que solo se pueden proveer adecuadamente si se hace a nivel europeo: salud pública, defensa, energía, cambio climático); unos impuestos europeos para financiar este presupuesto y evitar las trampas de las ‘big tech’ y de los muy ricos para no pagar los impuestos que deberían pagar; y un Tesoro europeo, responsable de emitir la deuda pública que necesita el presupuesto europeo. Ahora bien, para hacer todo esto, para avanzar hacia esta unión fiscal, es necesario hacerlo a la vez hacia una verdadera unión política.

Este es el principal reto que tenemos por delante y sería bueno que en las próximas elecciones europeas las fuerzas políticas europeístas levantaran sin complejos la bandera de la integración política. Quizás se llevarían la sorpresa de comprobar que tienen detrás a muchos más ciudadanos de los que piensan.